Antes de la pandemia parecía que estábamos muy lejos de conseguir que la sostenibilidad fuese un eje estratégico del tejido empresarial, pero ahora la COVID19 ha provocado una aceleración sin precedentes, obligando a poner el foco, cada vez más, en los temas relacionados con la sostenibilidad y la información no financiera.
La regulación de esta información no financiera en España se rige por la Ley 11/2018, la cual es una transposición de la Directiva Europea 2014/95/UE que está actualmente en revisión y se espera que esté aprobada en el último trimestre de 2020. Esta ley obliga a un determinado número de empresas, en función de su tamaño y facturación, a dar información sobre sus resultados, entre otras, de la descripción de su modelo de negocio, información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y soborno, y sobre su aportación a la sociedad. Además, también obliga a que esta información, deba darse a través de indicadores, de manera que sea robusta, fiable y entendible por parte de todos los grupos de interés.
La realidad es que en estos dos años de andadura de la ley 11/2018, se ha puesto de manifiesto que existe un gran gap entre la documentación que reportan las empresas en relación a la información no financiera y las expectativas de los grupos de interés respecto a la información que estos consideran clave para la toma de decisiones.
Así queda reflejado en las revisiones llevadas a cabo por la CNMV y otras instituciones como la Alianza por la Transparencia, quienes indican que la información no financiera publicada no es suficiente para medir, supervisar y gestionar su efecto en la sociedad y en el medioambiente. La propia Comisión Europea* emitió este mismo año una consulta pública sobre la Directiva de Información No Financiera para mejorar la calidad y el alcance de esta información, ya que La Información pública es insuficiente y no cumple con las necesidades de los usuarios, existiendo problemas de comparabilidad, fiabilidad y falta de información (información incompleta), con dificultades, además, para acceder y utilizar esta información. Lo cierto es que, independientemente de las obligaciones de esta ley, cada vez se demanda más, y es más relevante, para todas las empresas dar información clave sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno, lo que denominados criterios “ESG” por sus siglas en inglés. Aquellas empresas que dispongan de mejor información no financiera podrán adquirir una ventaja competitiva y aportar mayor valor a la sociedad.
La implementación de estrategias de sostenibilidad que incorporen los criterios ESG y su control en su toma de decisiones, tendrán una gestión más allá del mero cumplimiento legal y aportarán más valor a la empresa. Esto exige un primer diagnóstico y un análisis de los mecanismos de control disponibles en la empresa para poder afrontar los nuevos retos y anticiparse a los nuevos requerimientos en materia de información no financiera que se publicarán en breve desde la Comisión europea.
Es importante ponerse a la acción, porque esperar a que la tendencia ESG pase no es una opción, ya que la demanda en transparencia en información no financiera seguirá aumentando.
Paz Arias
Sustainability Advisor
* Puedes ampliar más información en la ponencia de Elena Arveras, a partir del minuto 1:40, del webinar, De la RSC a la Sostenibilidad: La SST como aliado del Consejo de Administración.
