¿Sabías que Europa prepara normativa para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro mundiales?
Tras la iniciativa pionera de Alemania, Europa prepara la Directiva sobre sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad.
Esta propuesta establece un deber de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad a lo largo de las cadenas de suministro mundiales para garantizar:
1.- Una protección efectiva de los derechos humanos contemplados en los convenios internacionales, incluyendo la garantía de acceso a condiciones de trabajo seguras y saludables.
2.- Evitar los efectos negativos en el medio ambiente considerados en los principales convenios en materia de medio ambiente.
3.- La exigencia de responsabilidad a las empresas por los daños resultantes de violaciones y abusos.
Las compañías directamente afectadas son:
Las PYMES no están en el ámbito de aplicación de esta propuesta, pero podrán ser requeridas por sus clientes para demostrar el cumplimiento de los requisitos básicos de sostenibilidad.
Entonces, ¿Cómo prepararse para los nuevos requisitos?
En caso de ser una empresa elegible, es decir, estar dentro de los supuestos directos de aplicación, se deberá:
En caso de ser una PYME y ser requerida por un cliente, deberá demostrar cómo gestiona y en su caso mitiga, el impacto adverso en los derechos humanos y el medio ambiente. En este sentido, las certificaciones en ISO 45001 e ISO 14001 podrían ser evidencias objetivas de cumplimiento de la mayor parte de aspectos cubiertos por la Directiva de debida diligencia, aunque cabe la posibilidad de que los clientes establezcan requisitos más concretos y/o de mayor exigencia según las circunstancias y casuística particular.
Así mismo, la Directiva prevé que las PYMES que no tengan capacidad propia para cumplir con las políticas de la empresa cliente, ésta última será responsable de darle soporte para que pueda mejorar su desempeño.
Todo apunta a que 2023 será el año de publicación y los Estados Miembros dispondrán hasta 2025 para su trasposición.
