La salud ocupacional avanza entre las empresas uruguayas

La nue­va leg­is­lación sobre seguri­dad y salud en el tra­ba­jo ha ampli­a­do la ofer­ta y la deman­da de ser­vi­cios en ese seg­men­to; orga­ni­za­ciones bus­can evi­tar per­juicios por acci­dentes y adic­ciones.

A tono con la nue­va leg­is­lación en seguri­dad y salud ocu­pa­cional, aso­ma una ofer­ta de ser­vi­cios más amplia que bus­ca dar respues­ta a la deman­da de las empre­sas para garan­ti­zar condi­ciones de tra­ba­jo ade­cuadas y evi­tar ries­gos a causa de acci­dentes y prob­le­mas san­i­tar­ios del per­son­al.

Tan­to la Ley de respon­s­abil­i­dad penal empre­sar­i­al como el decre­to pres­i­den­cial (con fecha del pasa­do 2 de mayo) que pro­híbe el con­sumo de dro­gas —alco­hol y cannabis, entre otras— en el tra­ba­jo, apun­tan a reforzar la seguri­dad y la salud de los tra­ba­jadores. Ante ello, más empre­sas comien­zan a revis­ar o ajus­tar direc­ta­mente sus pro­to­co­los, entre otras medi­das, para evi­tar even­tuales dolores de cabeza.

Uno de los prob­le­mas al que se enfrentan las orga­ni­za­ciones es el con­sumo de dro­gas. Este fenó­meno es con­sid­er­able entre los tra­ba­jadores y, en Uruguay, rev­ela una preva­len­cia sim­i­lar a la que se obser­va en la población de entre 15 y 64 años, explicó Héc­tor Suárez, direc­tor del Obser­va­to­rio Uruguayo de Dro­gas.

Según datos de 2014, 261.000 per­sonas tienen uso prob­lemáti­co de alco­hol, cifra que se repe­tiría entre los tra­ba­jadores aunque «no sig­nifi­ca que con­suman en el lugar de tra­ba­jo», aclaró Suárez. A su vez, se rel­e­varon 27.000 con­sum­i­dores prob­lemáti­cos de mar­i­hua­na, mien­tras que otras dro­gas como pas­ta base (14.500) y cocaí­na (5.900) exhiben una inci­den­cia menor.

Varias com­pañías espe­cial­izadas en salud lab­o­ral coin­ci­den en que las dro­gas son hoy la prin­ci­pal pre­ocu­pación de los empre­sar­ios, inclu­so más que el alco­hol a pesar de que esté más exten­di­do su con­sumo. En respues­ta, empre­sas de la con­struc­ción y el trans­porte real­izan des­de hace años chequeos de dro­gas en el per­son­al, entre otras acciones pre­ven­ti­vas como parte de su oper­a­ti­va reg­u­lar. No son las úni­cas en tomar medi­das; en ramas como el soft­ware, las tele­co­mu­ni­ca­ciones, la hotel­ería, la met­alur­gia, las empre­sas de vig­i­lan­cia, lab­o­ra­to­rios e impor­ta­do­ras, ha aumen­ta­do la deman­da de ser­vi­cios gen­erales en salud y seguri­dad lab­o­ral.

Algu­nas fir­mas ya reac­cionaron al decre­to sobre el con­sumo de dro­gas en el tra­ba­jo. «Hemos tenido lla­madas de empre­sas, prin­ci­pal­mente de ger­entes de Recur­sos Humanos, des­de la sem­ana pasa­da», comen­tó Bruno Berch­esi, direc­tor de Con­sul­to­ra Pre­venir.

La fir­ma atiende a 60 clientes en el área de seguri­dad y salud lab­o­ral con ser­vi­cios que van des­de la capac­itación a empre­sas, aseso­ramien­to legal y redac­ción de los pro­to­co­los de actuación, has­ta los exámenes al per­son­al. Para este paso, uti­liza un sis­tema basa­do en «tiras» que detectan la pres­en­cia de sus­tan­cias en la sali­va. El gra­do de pre­cisión es altísi­mo; según Berch­esi, en cuestión de min­u­tos se obtiene el resul­ta­do del test con un mar­gen de error, que por ejem­p­lo en alco­hol es de ape­nas 0,2.

La Clíni­ca Pre­ven­ti­va comen­zó a recibir con­sul­tas sobre chequeos de dro­gas al per­son­al inclu­so antes del decre­to. Si bien la fir­ma aún no brin­da el ser­vi­cio, su direc­tor Matías Izuibejeres, indicó que for­maron una alian­za con un lab­o­ra­to­rio para comen­zar a dar­lo en breve.

La clíni­ca abrió en 2011 y un año después se lanzó al seg­men­to de salud lab­o­ral al ver que «era una parte que requerían las empre­sas» y que se trata­ba de una ten­den­cia en otros país­es. El paso sigu­iente fue armar un equipo con un médi­co exper­to en salud ocu­pa­cional, psicól­o­gos, pre­ven­cionistas, entre otros espe­cial­is­tas, además de con­tar con el apoyo de abo­ga­dos.

Las con­sul­toras tam­bién están incor­porán­dose a este nicho, en base a aseso­ramien­to (legal y téc­ni­co), capac­itación, y el dis­eño de planes cor­rec­tivos dis­eña­dos para cada cliente. Para ello, inter­vienen equipos mul­ti­dis­ci­pli­nar­ios.

En esa línea tra­ba­ja Pos­sum Con­sult­ing, que abrió el área de seguri­dad y salud ocu­pa­cional hace un par de años ante una deman­da masi­va de empre­sas, que provo­caron una «cor­ri­da» tras la aprobación de la ley de respon­s­abil­i­dad penal empre­sar­i­al, indicó el direc­tor com­er­cial, Andrés Fre­itas.

La con­sul­to­ra KAD real­iza «audi­torías no inva­si­vas» de los pro­ce­sos de la empre­sa, los con­trasta en fun­ción de las nor­mas y entre­ga una «foto» de la situación de la com­pañía, describió Gus­ta­vo Sil­va Yona, asesor en gestión de ries­gos de KAD. El ejec­u­ti­vo explicó que la nue­va reglamentación mov­i­lizó a las empre­sas a bus­car asesoría legal, pero no tan­to a niv­el de los sis­temas de gestión de ries­go para pre­venir acci­dentes lab­o­rales. Actual­mente, la fir­ma atiende a entre 20 y 50 empre­sas.

Raúl Barag­nano, direc­tor de la clíni­ca y con­sul­to­ra en salud ocu­pa­cional Medi­lab, matizó el efec­to de los cam­bios en la leg­is­lación sobre la deman­da de ser­vi­cios; con­sid­era que las empre­sas nacionales de gran porte y las multi­na­cionales ya tienen este tema «mas­ti­ca­do». En cam­bio, entre las pymes el esce­nario es diver­so. Medi­lab, que tra­ba­ja en el rubro des­de 1985, incluye en su prop­ues­ta la real­ización de exámenes para la detec­ción de dro­gas a través de espirometrías y sali­va.

Daños y perjuicios.

El impacto de los prob­le­mas de seguri­dad y salud lab­o­ral tiene un efec­to direc­to en el fun­cionamien­to de las empre­sas. Tam­bién en sus finan­zas y pat­ri­mo­nio, al «ten­er con­se­cuen­cias económi­cas por omi­tir o no cumplir con cier­tas nor­ma­ti­vas», apun­tó Fre­itas.

La mer­ma de la pro­duc­tivi­dad y el daño de equipos o maquinar­ias cos­tosos son ries­gos poten­ciales. Además, las orga­ni­za­ciones se ven expues­tas a prob­le­mas, como «robos entre­ga­dos» o pér­di­das de intan­gi­bles valiosos, como infor­ma­ción con­fi­den­cial.

En este esce­nario se ha vuel­to más fre­cuente que la direc­ción de las empre­sas se involu­cre más en estos temas, tradi­cional­mente un resorte de super­vi­sores o ger­entes de RR.HH. Pese a este avance, aún per­sis­ten escol­los que afectan la toma de deci­siones en la inter­na.

La fal­ta de cul­tura en gestión de ries­go es una bar­rera. «Es un área que no ha sido desar­rol­la­da por las empre­sas, siem­pre hemos sido del esti­lo cor­rec­ti­vo, no pre­ven­ti­vo», eval­uó Sil­va Yona.

Las empre­sas tam­poco sue­len con­tar con un pre­supuesto definido para esa área. «Hay empre­sas que aún están en la eta­pa de empezar a ver qué tienen que hac­er, entonces apro­bar un pre­supuesto no es inmedi­a­to», dijo Izuibejeres.

Pasos a seguir.

Por otra parte, la detec­ción de tra­ba­jadores que con­sumen dro­gas dis­para el prob­le­ma sobre cómo actu­ar con esos emplea­d­os.

Según el decre­to, los casos pos­i­tivos con­ll­e­van la sus­pen­sión del tra­ba­jador durante la jor­na­da lab­o­ral y la pre­sentación de un informe por parte del per­son­al de salud encar­ga­do del exa­m­en, a la comisión bipar­ti­ta de seguri­dad y salud lab­o­ral en la empre­sa. Ante un segun­do caso, la comisión deberá remi­tir al tra­ba­jador a los ser­vi­cios de salud para recibir tratamien­to o al pro­gra­ma inter­no de la empre­sa, si cuen­ta con uno.

Unas 80 empre­sas en todo el país tienen acuer­dos con sindi­catos para tratar casos de adic­ciones de tra­ba­jadores. Estos con­ve­nios, que cubren a unas 200.000 per­sonas, per­miten que el emplea­do reci­ba tratamien­to en vez de ser san­ciona­do inmedi­ata­mente, indicó Cecil­ia Miller, de la sec­re­taría de Salud Lab­o­ral del Pit-Cnt. La cen­tral sindi­cal, jun­to a la Uni­ver­si­dad de la Repúbli­ca y la Jun­ta Nacional de Dro­gas, creó en 2013 un pro­gra­ma de pre­ven­ción de con­sumo de sus­tan­cias en el tra­ba­jo, que atiende al mes a 180 per­sonas con adic­ciones.

El 95% de los tra­ba­jadores aten­di­dos rev­e­lan prob­le­mas con el con­sumo de alco­hol; de ellos, el 50% solo ingiere alco­hol y el otro 50% toma alco­hol y otra dro­ga. Has­ta aho­ra, el pro­gra­ma reha­bil­itó a entre el 54% y 73% de los casos; la rein­ci­den­cia es de 2%.

El tratamien­to se real­iza en el Hos­pi­tal de Clíni­cas, que ofi­cia de garante ante las partes. El rol de los pro­fe­sion­ales del hos­pi­tal es clave. Si logran que el tra­ba­jador cumpla con el tratamien­to, la san­ción es archiva­da, de lo con­trario, se eje­cu­ta. Con­vencer al tra­ba­jador de cam­biar su con­duc­ta no sen­cil­lo, tan­to en los casos de adic­ciones como frente a los «vicios» en seguri­dad lab­o­ral. Respec­to a estos últi­mos, hay quienes aducen como­di­dad o prac­ti­ci­dad para no seguir las recomen­da­ciones, aun cuan­do las peo­res con­se­cuen­cias sean ya cono­ci­das.

Fuente: elpais.com.uy